La Corte Suprema de Montana ha confirmado un bloqueo temporal a una ley estatal que prohíbe las cirugías cosméticas de cambio de sexo y los medicamentos bloqueadores de la pubertad para menores identificados como trans.
En una decisión publicada el miércoles, el tribunal más alto del estado confirmó un fallo de un tribunal inferior que bloqueaba la aplicación del Proyecto de Ley Senatorial 99 mientras continúa el litigio sobre la medida.
La jueza Beth Baker fue autora de la opinión mayoritaria, enfatizando el derecho a la protección de la privacidad que ofrece la constitución estatal y escribiendo que “la SB 99 prohíbe medicamentos y procedimientos legales administrados por proveedores de atención médica competentes y autorizados”.
“El expediente demuestra que el Tribunal de Distrito no abusó manifiestamente de su discreción cuando concluyó que los demandantes presentaban una probabilidad prima facie de éxito en su reclamo de derecho a la privacidad”, escribió Baker.
“La SB 99 no deja lugar a que el paciente tome decisiones en consulta con sus médicos y padres. El estatuto es una prohibición total que prohíbe la atención individualizada adaptada a las necesidades de cada paciente basándose en el ejercicio del criterio médico profesional y el consentimiento informado”.
Baker escribió que los demandantes “demostraron una probabilidad de daño irreparable” al mostrar que “las formas más duraderas y permanentes de atención de afirmación de género rara vez se realizan en menores; que, sin una orden judicial, los pacientes menores sufrirían una angustia psicológica grave; y que la SB 99 infringía su derecho fundamental a la privacidad”.
El juez Jim Rice redactó una opinión que coincidía en parte y discrepaba en parte, diciendo que si bien apoyaba el bloqueo temporal de la ley con respecto a las restricciones médicas, “los fundamentos médicos y legales relacionados con el tratamiento de menores abordados por la SB 99 se están moviendo bajo nuestros pies”.
“El Estado ha presentado varias notificaciones de autoridad suplementaria que otorgan más decisiones nacionales e internacionales que reconocen las crecientes preocupaciones sobre el beneficio médico de este tratamiento y la base legítima para la intervención estatal”, escribió Rice.
“Esta pequeña muestra es suficiente para destacar tanto el cambiante panorama legal como la gravedad del principio rector de que ni esta decisión de nuestro Tribunal ni la decisión del Tribunal de Distrito deben afectar de ninguna manera el resultado final, que debe basarse en el avance de la ciencia médica y la ley con respecto a una preocupación seria por los menores que reciben este tratamiento”.
Rice cree que la disposición de la ley estatal que prohíbe la financiación de Medicaid de tratamientos trans para menores debería tener efecto durante los procedimientos legales.